Aconfesionalidad y otras asignaturas pendientes

Desde A Coruña, para quien encuentre mis palabras perdidas en el mar de letras de internet.

Hoy llamaba mi atención un titular de ABC, "El TC dirá si la Inmaculada puede seguir siendo patrona de la abogacía sevillana".

¿Lo activo que implica acción o lo puramente testimonial? ¿Donde está la verdadera batalla, la realmente importante?

Sin duda la aconfesionalidad de determinados organismos de afiliación obligatoria para el ejercicio de una profesión, como es el caso de los colegio profesionales, es conveniente. Deben mantener neutralidad en determinados aspectos, mas cuando de su neutralidad depende el destino de terceros pero, ¿Es una batalla urgente esta neutralidad?, Yo creo que no, es difícil batalla y el resultado puramente testimonial, al igual que la derrota. Su influencia en la realidad de la vida es, en comparación con otras, menor.

La verdadera batalla es la aconfesionalidad del estado en donde su papel es activo, las clases de cualquier religión o ética. La enseñanza de ética o religión es potestad de los padres o tutores, es una materia en la que el estado no debe imponer sus convicciones, pero también es una materia que no debe figurar entre las asignaturas obligatorias y puntuábles.

Donde está la potestad de los padres para elegir, también debe estarlo para hacerse cargo de los costos de esa formación y de la disciplina en el seguimiento de las enseñanzas. Es su decisión y su responsabilidad. La presión del estado en forma de notas para forzar el seguimiento rompe la neutralidad que debería mantener.

Su obligación es sin embargo procurar procurar apoyar la formación ética de los ciudadanos, ya tenga esta forma de religión o simple enseñanza moral y de convivencia.

¿Que forma debe darse a este apoyo? Es materia discutible, lo que no lo es la necesaria aconfesionalidad del estado.

Del mismo modo la libertad de culto debe encontrar otras vías de financiación distintas a que el estado sirva de intermediario a través del ministerio de hacienda y los impuestos.

¿Quien es el estado para coercionar a los ciudadanos obligando a dirigir un impuesto específico a fines sociales o religiosos? Si algo ha de hacer para fines sociales ha de hacerlo por si mismo y no a través de terceros.

La propia existencia de las ONG's y las organizaciones religiosas con fines sociales que tienen su ámbito de trabajo en el territorio nacional ponen de manifiesto la incapacidad del estado para legislar con justicia, para evitar a ser posible o en otro caso reparar las desigualdades extremas que llevan a parte de la ciudadanía a la pobreza o la marginalidad.

En la eficiencia del estado está la batalla, no hacen falta más funcionarios o políticos, hace falta más eficiencia, preocupación real por la ciudadanía. Implicación es la clave. Ser funcionario o político no es ser una figura decorativa. Desde mi punto de vista, el primer requisito para serlo es la competencia, el segundo la lealtad a la ciudadanía, el tercero la implicación sin reservas en la tarea. Aquel que no cumple los tres requisitos debería verle el marco a la puerta de la calle.

Punto y seguido.

Un habitante de un país no es ciudadano hasta que se implica con todas las consecuencias en su labor, tampoco un político o un funcionario lo cabalmente es hasta que ejerce su labor implicandose hasta las últimas consecuencias.

¿Se dan las condiciones necesarias para que cada uno de ellos cumpla su papel? Creo que no.

El papel de los ciudadanos y su capacidad de influir con su voto en las decisiones está mermado por los excesos de los dos partidos predominantes, que estan enfocando la legislación electoral a su favor con el poder que les da su diferencia de representatividad respecto a otros.

Se aseguran su permanencia, su supremacia, en detrimento de la capacidad de la ciudadanía para cambiar los equilibrios de poder en las cámaras. Este desequilibrio es uno de tantos factores que influye en el desencanto de gran parte de la ciudadanía, en el déficit de implicación ciudadana que sufrimos.

Es buena hora de ponerle remedio. Los políticos deben procurar que la ley que regula las elecciones y sus efectos de representatividad de la voluntad social no tengan fallos, se deben al pueblo que mandan antes que a sus propios partidos.

Debemos decidir si nuestra prioridad es defender la democracia o nuestras ideas políticas personales. Creo que sin dudas la primera es prioritaria por cuanto garantiza el ejercicio de las segundas.

¿Somos pues más demócratas que partidarios o más partidarios que demócratas? Creo que la respuesta puede indicarnos hasta que punto somos demócratas.